Puentes, aeropuertos, residenciales: infraestructura que el estado dejó de hacer por su cuenta
Invertir en infraestructura y bajar el déficit fiscal al mismo tiempo puede parecer una tarea imposible para los gobiernos. Pero, sin duda, es un trabajo necesario para brindar servicios básicos a los más pobres mientras se reducen las limitaciones a la competitividad de un país. Panamá asumió el desafío al contemplar las asociaciones público-privadas (APP) como una opción de largo plazo, principalmente para los sectores de transporte, agua y saneamiento.
De esta forma, el país centroamericano se suma a la tendencia regional de buscar cada vez más el apoyo del sector privado para financiar los grandes proyectos de infraestructura. Con un 32% del total global, Latinoamérica fue la región con el número más grande de proyectos (128) y el segundo con mayor volumen de inversiones (US$ 35,2 mil millones), principalmente en los sectores de energía, transporte, agua y saneamiento, según el Banco Mundial.
Panamá es uno de los pocos países de la región que a pesar de la desaceleración regional continuó creciendo en los últimos cinco años. El Plan Estratégico panameño para el período 2015-2019 representa alrededor de US$ 19.500 millones en inversiones públicas. De este total, el 15,2% (US$ 2.960 millones) está asignado a proyectos viales, mientras el 18,9% (US$ 3.690 millones) está destinado a agua y saneamiento. El gobierno utilizará una nueva herramienta, el Marco para la Priorización de Infraestructura (IPF), que toma en cuenta aspectos sociales, ambientales y económicos, para ayudar a decidir qué proyectos se desarrollarán con el apoyo del sector privado.
Un total de 19 proyectos de transporte y 35 de agua y saneamiento fueron incluidos en la solicitud piloto del IPF. El experto en asociaciones público-privadas Cledan Mandri-Perrott, del Banco Mundial, explica que la herramienta no busca reemplazar los estándares de calidad a la hora de seleccionar proyectos o ignorar los esfuerzos por mejorar la evaluación en las etapas previas a la selección en la gestión de la inversión pública, pero sí puede ser usada como catalizador para identificar la información necesaria para avanzar hacia métodos de evaluación y marcos de selección más sofisticados.
“La experiencia panameña muestra el potencial del IPF de respaldar decisiones de infraestructura, en particular en ambientes caracterizados por una escasa capacidad institucional y técnica y limitaciones en la información”, comenta Mandri-Perrott.
Panamá es uno de los países más competitivos de la región en desarrollo de la infraestructura, de acuerdo al Índice de Competitividad Global preparado por el Foro Económico Mundial (WEF, por su sigla en inglés), y el país se posicionó a sí mismo como un polo comercial y logístico clave, centrado en el Canal de Panamá.
