En Ecuador avanza agenda fiscal por el fin de los paraísos fiscales y por un organismo tributario intergubernamental de la ONU

Para Nicholas Lusiani, director de programa de Derechos Humanos del Centro de Derechos Económicos y Sociales de EE.UU., existen cuatro maneras en que la política tributaria condiciona el goce igualitario de los Derechos Humanos. En primer lugar está el rol de los recursos para financiar los derechos, detalló que “todos los derechos tienen costos financieros”, sin embargo, “¿por qué algunos costos son dados y otros tenemos que exigirlos y reivindicarlos?”, se cuestionó y explicó que existe una “contradicción insostenible de nuestro tiempo: que es una ola, más o menos, global de austeridad y recortes presupuestarios en servicios públicos justo al momento que hay niveles históricos de evasión y elusión tanto por parte de empresas o individuos”.

Como segunda posibilidad está la “redistribución de la política fiscal entre clases y grupos sociales. Todos esos efectos redistributivos están ligados a temas de no discriminación e igualdad”. En tercer lugar se encuentro el incentivo al comportamiento pro derechos humanos y la búsqueda por desincentivar actividades nocivas a los Derechos Humanos “como los impuestos al tabaco, a las transacciones financieras, impuestos a la polución, al carbón, todo ese tipo de instrumentos para incentivar el buen comportamiento”.

Y, finalmente, la búsqueda por “reanimar las relaciones constructivas y más democráticas, entre ciudadanos, residentes de un país y gobiernos, para combatir las desigualdades políticas. La tributación no solo regenera las relaciones económicas y sociales sino también las políticas”, precisó Lusiani.

El experto además señaló algunos mecanismos legales y principios básicos del derecho internacional que pueden servir de base para fortalecer la campaña global para la justicia fiscal, el cuerpo intergubernamental en la ONU y la lucha contra los paraísos fiscales.

Explicó por ejemplo que “existe una obligación básica dentro de la carta de Naciones Unidas de respetar las soberanía de los estados, es decir, un estado no puede hacer daño a otro, no puede hacer políticas para impedir a otro país recaudar lo necesario para garantizar los derechos humanos. No se puede desapreciar la soberanía tributaria de otros países”.

Otra norma legal que puede ser útil, es “la obligación de los estados de protegerse contra abusos de terceros si una empresa está sacando recursos sin pagar impuestos, lo cual impide los Derechos Humanos, podemos decir que esta empresa está abusando indirectamente los Derechos Humanos”.

“Un gobierno no puede dejar que su territorio sea utilizado por un individuo o una empresa que está eludiendo sus responsabilidades fiscales en otro país. Esa obligación de proteger puede ser vista como una parte vinculante del tratado de Derechos Humanos”, puntualizó Lusiani.

Indicó que el Derecho a la información, es un mecanismo que puede ser utilizado en este caso, “pues la información que tienen muchas administraciones tributarias sobre grandes los contribuyentes, empresas o individuos de muchos recursos, es de interés público dado el tamaño de las pérdidas fiscales. Entonces tenemos que decir que hay un derecho a la información fiscal. Es decir, que cualquier ecuatoriano, por ejemplo pueda pedir información sobre una empresa o un ecuatoriano que tenga sus cuentas en el exterior”.

Incluyó también el Derecho a la participación en asuntos fiscales a nivel internacional pues al momento los ciudadanos de países en vías de desarrollo no pueden participar dentro de las discusiones de las reglas tributarias legales, a través de su gobierno, contrario a lo que sucede con los ciudadanos de algunos países desarrollados.

Además, dijo que los Derechos Humanos también proveen mecanismos de rendición de cuentas a abusos tributarios y la necesidad de crear mayor institucionalidad para ejercer este derecho.

Durante el panel expuso también Jane Nalunga, directora del Instituto de África de Información Comercial del Sur y Este y negociaciones, quien afirmó que es necesario “asegurar que los ciudadanos participen en la movilización de recursos. El tema es como defendemos los derechos humanos en medio de una crisis financiera económica porque en caso de crisis el dinero va a asignado a diferentes áreas y no a proveer los servicios sociales”.

Nalunga explicó que muchos gobiernos permiten medidas (exenciones tributarias, manejo privado de servicios, tratados de inversión extranjera) que facilitan el flujo de recursos y ganancias hacia el exterior y analizó cómo los gobiernos enfocan sus políticas tributarias en detrimento de los  que menos tienen para lograr recaudar recursos.

En el evento se analizó el tema de “Género y Justicia Fiscal”, en el que se concluyó que la situación fiscal es inequitativa y afecta a las mujeres, así como también se sugirió propuestas a implementar para hacer de la justicia de género un elemento clave para la justicia fiscal.

 “Cuando nosotros hablamos de desigualdad económica nos estamos refiriendo a algunos datos como por ejemplo: el 30% de las mujeres en la región no tienen ingresos propios”, indicó  Ana Tallada,  de la Red de Justicia Fiscal.

“El abordar las perspectivas de género en las políticas fiscales es una tarea urgente, sabemos que es complejo, pero recomiendo que la política fiscal debería mejorar la distribución de los recursos económicos, ampliar el campo de oportunidades económicas tanto para hombres como para mujeres, generar incentivos positivos en la inserción laboral de las mujeres, en particular de las vinculadas con las responsables de cuidado y distribuir de una manera progresiva el peso del financiamiento de las políticas públicas”, sostuvo Tallada.

De su parte, Teresa Marshall, quien forma parte de la Global Alliance for tax justice, considera que a nivel de Gobiernos se debe establecer compromisos globales que alcancen recursos para incrementar la recaudación tributaria e invertir en servicios para los distintos sectores de la sociedad, especialmente para las mujeres.

También participó en esta mesa, Helga Serrano, funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, para quien lo que está en disputa son los diferentes modelos de sociedad. “Me parece que ese es el fondo del problema, porque el problema no es técnico, sino político, como se evidencia en el caso ecuatoriano: hay un modelo que lleva a una mayor concentración de la riqueza y mayor desigualdad y otro modelo que busca la garantía de los derechos y la redistribución de la riqueza”, argumentó.

El seminario internacional concluyó esta tarde con una declaración que marca una hoja de ruta a seguir para fortalecer las propuestas del Ecuador en el marco de su campaña internacional contra los paraísos fiscales y por un organismo intergubernamental que luche contra ellos en la ONU. /PB/El Ciudadano