Trump prohibiría que jueces y fiscales de la CPI ingresen a EE.UU., si se investigan tropas

WASHINGTON — 

La relación de larga data de Estados Unidos con la Corte Penal Internacional se detuvo el lunes debido a que décadas de sospechas estadounidenses sobre el tribunal y su jurisdicción mundial se convirtieron en hostilidad abierta, en medio de amenazas de sanciones, si se investigan a las tropas de Estados Unidos en Afganistán.

El asesor de seguridad nacional, John Bolton, denunció la legitimidad del tribunal de La Haya, creado en 2002 para enjuiciar crímenes de guerra y crímenes de humanidad y genocidio en áreas donde los perpetradores de otra manera no enfrentarían la justicia.

El discurso de Bolton, en vísperas del aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre, se produjo cuando se esperaba que un juez de la CPI anunciara pronto una decisión sobre una solicitud de los fiscales para abrir formalmente una investigación sobre acusaciones de crímenes de guerra cometidos por las fuerzas de seguridad nacionales afganas, militantes de la red Talibán y Haqqani, y las fuerzas y la inteligencia estadounidenses en Afganistán desde mayo de 2003. Las acusaciones contra el personal de EE. UU. Incluyen tortura y encarcelamiento ilegal.

“La Corte Penal Internacional amenaza de forma inaceptable la soberanía estadounidense y los intereses de seguridad nacional de los EE. UU.”, dijo Bolton a la Sociedad Federalista, un grupo de expertos conservador con sede en Washington. Bolton también apuntó a los esfuerzos palestinos para presionar a los cargos de crímenes de guerra contra Israel por sus políticas en Cisjordania, el este de Jerusalén y Gaza.

Dijo que Estados Unidos usaría “todos los medios necesarios” para proteger a los estadounidenses y ciudadanos de países aliados, como Israel, “del enjuiciamiento injusto por parte de este tribunal ilegítimo”. La Casa Blanca dijo que, en la medida permitida por la ley estadounidense, la administración Trump prohibiría que los jueces y fiscales de la CPI ingresen a los Estados Unidos, sancionen sus fondos en el sistema financiero de los EE. UU. Y los procesen en el sistema criminal de los EE. UU.

“No cooperaremos con la CPI”, dijo Bolton, agregando que “a todos los efectos, la CPI ya está muerta para nosotros”.

Fue una reprimenda extraordinaria criticada por los grupos de derechos humanos que se quejaron de que era otra reversión de la administración de Trump al liderazgo de los EE. UU., al exigir responsabilidad por los graves abusos.

“Cualquier acción de los EE. UU. para eludir las investigaciones de la CPI sobre Afganistán y Palestina demostraría que la administración estaba más preocupada por mimar a quienes cometen abusos en serie y desviar el escrutinio de la conducta estadounidense en Afganistán que por apoyar una justicia imparcial”, dijo Human Rights Watch.

La American Civil Liberties Union, que representa a varias personas que afirman que fueron detenidas y torturadas en Afganistán de 2003 a 2008 y podrían ser víctimas o testigos en cualquier proceso de la CPI, dijo que las amenazas de Bolton “salían de un libro de estrategias autoritario”.

“Esta política errónea y dañina aislará aún más a los Estados Unidos de sus aliados más cercanos y dará consuelo a los criminales de guerra y los regímenes autoritarios que buscan evadir la responsabilidad internacional”, dijo la ACLU.

La CPI no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Desde su creación, el tribunal ha presentado cargos contra docenas de sospechosos, incluidos el ex dictador libio Moammar Gadhafi, quien fue asesinado por rebeldes antes de que pudiera ser arrestado, y el presidente sudanés Omar al-Bashir, acusado de cargos que incluyen genocidio en Darfur. Al-Bashir sigue prófugo, al igual que el señor de la guerra ugandés Joseph Kony, que fue uno de los primeros rebeldes acusados por la corte en 2005. La corte ha condenado a solo ocho acusados.

La corte se ha visto obstaculizada por la negativa de los Estados Unidos, Rusia, China y otras naciones importantes a unirse. Otros han renunciado: Burundi y Filipinas, cuya partida, anunciada a principios de este año, entrará en vigor el próximo mes de marzo.

La administración Clinton, en el 2000, firmó el Estatuto de Roma que creó la CPI pero tenía serias reservas sobre el alcance de la jurisdicción de la corte y nunca lo sometió a la ratificación ante el Senado, donde hubo una amplia oposición bipartidista a lo que los legisladores vieron como una amenaza a la soberanía.

Cuando George W. Bush asumió el cargo en 2001, su administración promovió y aprobó la Ley de Protección a los Miembros del Servicio Estadounidense, que buscaba inmunizar a las tropas de EE. UU. De posibles enjuiciamientos por parte de la CPI. En 2002, Bolton, en ese entonces funcionario del Departamento de Estado, viajó a Nueva York para “desautorizar” ceremonialmente el Estatuto de Roma en las Naciones Unidas.

El primer gobierno de Bush se embarcó en una campaña diplomática para lograr que los países que eran miembros de la CPI firmen los llamados acuerdos del Artículo 98 que prohibirían a esas naciones enjuiciar a los estadounidenses ante el tribunal bajo pena de sanciones. La administración tuvo mucho éxito en su esfuerzo y consiguió que más de 100 países firmaran los acuerdos. Algunos de ellos, sin embargo, no han sido formalmente ratificados.

En el segundo mandato de Bush, la actitud de Estados Unidos hacia la CPI cambió ligeramente cuando el mundo miró con horror el genocidio cometido en la región occidental de Darfur en Sudán. La administración no se opuso y ofreció asistencia limitada a una investigación de la CPI en Darfur.

El gobierno de Obama amplió esa cooperación, ofreciendo apoyo adicional a la CPI mientras investigaba al Ejército de Resistencia del Señor, con sede en Uganda y sus principales líderes, incluido Kony.

El lunes, Bolton hizo que Washington volviera a la corte, acusándolo de corrupción e ineficiencia. Sobre todo, apuntó a la opinión del tribunal de que los ciudadanos de estados no miembros están sujetos a su jurisdicción.

“La CPI es un esfuerzo sin precedentes para otorgar poder en un organismo supranacional sin el consentimiento de ninguno de los Estados-nación o de las personas sobre las cuales pretende ejercer jurisdicción”, dijo Bolton. “Ciertamente no tiene ningún tipo de consentimiento de los Estados Unidos”.