Libia, desechos electrónicos… Las noticias del miércoles
Decenas de muertos y heridos en bombardeos sobre zonas residenciales en Trípoli
El enviado especial de la ONU para Libia ha condenado los intensos bombardeos, esta pasada madrugada, en áreas residenciales del sur de Trípoli que han dejado varios civiles muertos y heridos.
Según informaciones de prensa, al menos seis civiles murieron y 40 resultaron heridos en un ataque registrado la pasada noche. Fuentes médicas aseguran que entre los heridos hay mujeres y niños.
“El uso indiscriminado de explosivos en zonas civiles es un crimen de guerra”, recuerda Ghassam Salame, quien añade que las responsabilidades no solo recaen en las personas que cometen el ataque, sino también en quienes los ordenan.
Sin contar las víctimas de la noche del martes, 14 civiles habían muerto y 40 habían resultado heridos en distintos enfrentamientos. Más de 25.000 personas han tenido que dejar sus hogares.
La batalla por el control de Trípoli estalló el 4 de abril, cuando el general Hafter, que controla el este del país, ordenó la conquista de la capital, Trípoli, donde está el Gobierno reconocido por la ONU.
Un tercio de los detenidos en Afganistán son torturados
Foto de archivo: MINUSMA/Marco Dormino
Una tercera parte de todos los detenidos en Afganistán durante el conflicto han denunciado ser víctimas de tortura o maltrato, según un informe de la ONU.
Las cifras de víctimas han bajado en los últimos años, pero estas prácticas “horribles” persisten a pesar de la adopción de nuevas leyes, según un informe publicado este miércoles.
La proporción de detenidos que han denunciado torturas o malos tratos por parte de la Dirección Nacional de Seguridad, la principal agencia del país, ha bajado al 19% en 2018, frente al 29% en 2016. Entre los detenidos por la Policía Nacional, la cifra cae al 31% desde el 45%.
“El informe ilustra que hay mucho por hacer para erradicar esta práctica horrible a los detenidos por el conflicto”, dice el representante del Secretario General para Afganistán.
Entre las supuestas torturas denunciaron casos de sofocación, descargas eléctricas y suspensión del techo.
El año pasado el Gobierno firmó un protocolo de la Convención contra la Tortura, un paso en la buena dirección, según la ONU, pero todavía insuficiente.
Un “tsunami” de residuos electrónicos
Noticias ONU / Marta Martínez
El mundo generó en 2018 más de 50 millones de toneladas de residuos electrónicos.
Un informe reciente de la ONU alerta sobre el “tsunami” de desechos al que nos enfrentamos y sobre la enorme cantidad de dinero que se pierde por no reciclar más.
Esos 50 millones de toneladas equivalen a tirar a la basura 125.000 aviones jumbo o 4.500 torres Eiffel y son suficientes para cubrir de desperdicios tecnológicos toda la isla de Manhattan.
Los desechos eléctricos y electrónicos son los que están experimentando el ritmo de crecimiento más rápido.
En el año 2040 las tabletas, los móviles y los portátiles desechados supondrán el 14% de las emisiones contaminantes del mundo, según un informe de la Universidad de la ONU y la Organización Internacional del Trabajo.
Pese a que los desechos electrónicos están valorados en 55.000 millones de euros, solo el 20 por ciento se recicla formalmente. La Organización Internacional del Trabajo cree que la gestión adecuada de estos residuos tiene un enorme potencial para crear empleos.
Experto en Derechos Humanos visitará El Salvador
Un experto de la ONU en Derechos Humanos visitará El Salvador del 24 de abril al 3 de mayo para examinar los avances legales frente a las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado entre 1980 y 1992.
El Salvador debate un proyecto de ley sobre Reconciliación Nacional que, para la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, restablecería una “amnistía absoluta e incondicional” para algunas de las serias violaciones cometidas durante el conflicto.
Más de 75.000 personas fueron torturadas, asesinadas o desaparecidas por la fuerza en esos años.
El objetivo de la visita de Fabián Salvioli es conocer y evaluar las medidas adoptadas por las autoridades “en los ámbitos de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”.
