Sin responsabilidades tres años después del bombardeo de un hospital que apoyamos en Yemen
El 10 de enero de 2016, un proyectil impactó el Hospital Shiara, en el norte del país, matando a seis personas e hiriendo a ocho. La resolución de este hecho refleja el fracaso y la irresponsabilidad por proteger la misión médico-humanitaria.
Las últimas conclusiones del equipo designado por la coalición de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (SELC) y apoyado por EE UU y Reino Unido para investigar incidentes como ataques a estructuras sanitarias, el Joint Incidents Assessment Team (JIAT), sigue sin rendir cuentas ni asumir responsabilidades ante las víctimas de bombardeos a instalaciones médicas protegidas en Yemen.
La resolución del JIAT, anunciadas en una rueda de prensa el 23 de octubre, se refiere al impacto de un proyectil en el Hospital Shiara -apoyado por Médicos Sin Fronteras (MSF)- el 10 de enero de 2016 en Razeh, norte de Yemen, donde murieron seis personas y otras ocho resultaron heridas.
En sus conclusiones, de las que no hay un informe escrito disponible, el JIAT atribuye el incidente a “un fallo del proyectil que condujo a un desvío de su objetivo”. El JIAT recomienda ofrecer “asistencia voluntaria a las víctimas y en cuanto a los daños materiales”.
En la investigación propia que hicimos sobre este hecho en marzo de 2016, concluyó que no había una razón justificable o legítima para el ataque, ya que el hospital permanecía protegido de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario, incluso en casos de error y negligencia
La tesis defendida por el JIAT refleja el fracaso de las partes del conflicto yemení en cuanto a tomar las medidas necesarias para garantizar que las instalaciones médicas protegidas no sean atacadas. Las conclusiones revelan además un deprimente patrón predecible en el que se resta toda responsabilidad a la SELC dejándola caer en las propias víctimas del ataque o, como en este caso, a un mal funcionamiento del armamento.
En otra rueda de prensa celebrada en enero de 2019,el JIAT nos intentó trasladar la responsabilidad de un ataque del SELC en junio de 2018, acusándonos falsamente a la organización de no tomar las medidas adecuadas para evitar ser atacada. El ataque produjo la destrucción casi total de un centro de tratamiento de cólera puesto en marcha muy poco tiempo antes en Abs para una población de más de un millón de personas.
Se necesitan investigaciones independientes
A pesar de los repetidos llamamientos de los actores humanitarios para que se realicen investigaciones fiables sobre estos incidentes, el JIAT ha errado constantemente a la hora de informar de manera rápida y transparente sobre sus hallazgos, dejando a las agencias humanitarias y a las víctimas individuales de los ataques de la SELC sin ningún recurso ante la justicia o sin rendirles cuentas.
Su recomendación en este caso para la prestación de ‘asistencia voluntaria’ equivale a una promesa vaga e inadecuada que llega tres años tarde. Los ataques que violan el Derecho Internacional Humanitario, como los que tienen como objetivo instalaciones médicas protegidas y lugares donde hay civiles (como el bombardeo de un autobús escolar en 2018 y el ataque a una prisión en Dhamar en 2019), son perpetrados rutinariamente con impunidad por todas las partes en el conflicto en Yemen, y resultan en heridas, muerte y desplazamiento para la población civil.
Tales ataques no solo tienen consecuencias directas para quienes pierden la vida o resultan heridos: también impactan a la población al evitar que los actores humanitarios hagan su trabajo y, por lo tanto, reducen la disponibilidad de ayuda humanitaria urgente y vital, incluso cuando las necesidades van en aumento.
Los ataques aéreos de SELC han alcanzado cinco veces a nuestras instalaciones desde marzo de 2015.
Con solo la mitad de las instalaciones de salud en Yemen completamente funcionales, más de 11 millones de personas con necesidades agudas y brotes de cólera y otras enfermedades fácilmente prevenibles, el acceso a las instalaciones médicas es crucial para la población civil.
Reiteramos una vez más la urgente necesidad de investigaciones independientes, realizadas de manera transparente y a tiempo y que den como resultado informes escritos y compartidos que ofrezcan una rendición de cuentas real y señalen a los verdaderos responsables.
Hacemos también un llamamiento a todas las partes en conflicto para que tomen urgentemente las medidas necesarias para respetar la neutralidad y la naturaleza protegida de la misión médico-humanitaria, y para evitar dañar o destruir instalaciones médicas así como la pérdida de vidas de civiles.
