Continúa la incertidumbre para los beneficiarios del TPS
Más de medio año después de que la administración Biden echara a andar, el futuro de un programa humanitario estadounidense de décadas de antigüedad, y el destino de cientos de miles de inmigrantes que dependen de él, sigue siendo turbio, lo que siembra confusión y ansiedad entre sus beneficiarios.
Concedido a ciudadanos de ciertos países devastados por conflictos armados o desastres naturales, el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) permite a los beneficiarios vivir y trabajar en los Estados Unidos por un período de tiempo limitado.
La administración del expresidente Donald Trump buscó poner fin a las protecciones temporales para los ciudadanos de varios países, lo que provocó desafíos judiciales y generó dudas sobre el futuro del programa, que el Congreso estableció en 1990.
La administración Biden ha utilizado su autoridad ejecutiva para extender el TPS y eliminar la amenaza inmediata de deportaciones. Pero a pesar de la “postura amistosa” de la administración actual hacia los beneficiarios del TPS, persisten preguntas sobre la funcionalidad a largo plazo del programa mientras continúa la mediación derivada de una demanda presentada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), según Julia Gelatt, analista de políticas senior del Instituto de Políticas Migratorias.
“No sabemos qué se está negociando exactamente, cómo sería un acuerdo”, dijo Gelatt a la Voz de América. “¿Restauraría el TPS para todos estos países o para algunos de estos países?”
Si bien la administración Trump hizo hincapié en el componente “temporal” del TPS, los defensores de los inmigrantes están presionando a la administración Biden para que proteja a los beneficiarios durante el mayor tiempo posible y amplíe el programa.
“Hay una campaña activa para persuadir a la administración Biden-Harris para que otorgue una nueva designación de TPS para personas de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua que ya residen en los Estados Unidos”, dijo Oscar Chacón, director ejecutivo del grupo de defensa de inmigrantes, Alianza Americas, en un correo electrónico a la Voz de América. “Tal decisión mantendría cubiertas a las personas actualmente protegidas, pero también extendería la protección a más personas”.
Chacón agregó que si bien el estatus migratorio de la mayoría de los beneficiarios de TPS es seguro por ahora, las interrupciones han afectado la capacidad de algunos para renovar permisos de trabajo y obtener otros documentos.
“Los empleadores pueden negar el empleo o incluso rescindir el empleo debido a ello. Otra área de desafíos se relaciona con las tarjetas de identificación o las licencias de conducir estatales. Las agencias de vehículos motorizados pueden denegar la emisión de identificaciones o licencias de conducir debido a la incapacidad de presentar documentos de autorización de empleo que demuestren que son válidos”, dijo Chacón.
Antecedentes variados
Actualmente, 12 países tienen designaciones de TPS: El Salvador, Haití, Honduras, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Venezuela y Yemen. Las circunstancias que traen a los beneficiarios a Estados Unidos son tan variadas como los países de los que parten.
Yanira Arias huyó de la violencia de género y el acoso casi constante en El Salvador, y llegó a Nueva York en 2000 a los 27 años.
“No fue solo una lucha satisfacer mis necesidades, sino también asegurarme de llegar sana y salva a casa. Entonces, todo eso junto fue mucho estrés, y tomé la decisión de irme del país “, dijo a la VOA.
Un año después, El Salvador fue devastado por poderosos terremotos que dejaron más de mil personas muertas y más de un millón sin hogar. El costo de reconstrucción se estimó en 2.800 millones de dólares.
El desastre llevó al gobierno de Estados Unidos a designar a El Salvador para TPS. Arias le dijo a VOA que inicialmente se mostró escéptica al respecto.
“No sabía sobre el TPS. No estaba muy segura de si debía hacerlo. Tenía tantas preguntas, pero al mismo tiempo, también estaba ansiosa porque sabía que no tenía un estatus [legal], y ya sabía lo que significaba ser alguien sin estatus en Estados Unidos y el riesgo de ser indocumentado”, explicó.
Finalmente, solicitó y recibió la protección, lo que le permitió trabajar para grupos sin fines de lucro que abogan por las mujeres latinas, las víctimas del SIDA y las comunidades de inmigrantes.
El TPS se ha renovado repetidamente para los nacionales de El Salvadory otros países, generalmente a intervalos de 18 meses. Aunque agradecida por el programa, Arias dice que la planificación a largo plazo es imposible para ella.
“No puedo invertir en algo permanente (…) La incertidumbre de: ¿y si este año, esta es la última vez que voy a recibir una extensión de 18 meses? ¿Qué voy a hacer?”, sostiene. “Ya hui de El Salvador porque casi me matan. Entonces, volver a eso es un mundo muy aterrador”.
La residencia permanente solicitada
Octubre promete ser un mes fundamental para los titulares de TPS, ya que expirarán las extensiones de protección ordenadas por la corte. Los defensores de los inmigrantes esperan que las negociaciones con la administración Biden produzcan acuerdos que protejan a aquellos cuyo estatus fue amenazado durante la administración de Trump.
En medio de la incertidumbre, Chacón, Arias y otros instan a los legisladores estadounidenses a enmendar el TPS para que los beneficiarios a largo plazo sean elegibles para la residencia legal permanente en los Estados Unidos.
“Estamos tratando de explicarles a los miembros del Congreso que, independientemente de tener nuestras prórrogas -y sí, no se nos ha entregado una orden de deportación- es muy difícil vivir de esta manera”, dijo Arias.
Los demócratas del Senado están presionando para otorgar estatus legal a potencialmente millones de inmigrantes indocumentados, intentando incluir la medida en una propuesta de presupuesto emergente. Los defensores de los inmigrantes dicen que las reformas del TPS debería agregarse al documento.
En un tuit reciente, el líder republicano del Senado Mitch McConnell criticó la provisión de “amnistía en medio de una crisis fronteriza” y condenó la propuesta de presupuesto como “una serie de malas ideas”.
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