EL SALVADOR: Nueva Asamblea Legislativa impulsa renovación al interior de la Corte Suprema de Justicia
EL SALVADOR:
Con los votos de 63 diputados, la nueva Asamblea Legislativa aprobó reformas a la Ley de la Carrera Judicial para acabar con las injusticias e inequidades que han favorecido durante 30 años a políticos corruptos a través de la compra de voluntades en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El diputado de la bancada cyan, Caleb Navarro, afirmó que: “La urgencia es por el producto de una serie de fallos contradictorios a derechos que han evidenciado cómo ciertos funcionarios se apropian de nuestra carta marga, y resulta imperioso que quienes conduzcan el Órgano de Justicia lo hagan con el irrestricto respeto y subordinaciones a la ley”.
La diputada de Nuevas Ideas, Rebeca Santos, mencionó como ejemplo, en ese sentido, la resolución del Juzgado Octavo de Instrucción que dio arresto domiciliario al exalcalde de San Salvador por el partido ARENA, Ernesto Muyshondt, luego de haber negociado con pandillas y haber retenido las cuotas laborales de los empleados municipales.
Otro caso es el del actual diputado del PARLACEN por el partido ARENA, Norman Quijano, a quien la Cámara Primera de lo Penal anuló la orden de captura a pesar de que colaboró con las pandillas.
“Dos miembros del partido ARENA son el mayor ejemplo de este tipo de jueces, comprados a voluntad de pocos, en detrimento del pueblo. Tenemos jueces de 60 años o más que tienen heredado un sistema de corrupción de un gobierno a otro”, declaró la diputada Santos.
El diputado Jorge Castro señaló que los casos mencionados han generado un estatus de impunidad que ha violado de manera descarda la justicia.
“Han manipulado dentro del Órgano Judicial las mismas estructuras manejadas por sobresueldos, donde se compraban voluntades y que se movían al son del pagador. Ahora, los jueces van a funcionar dentro de un esquema de igualdad”, aseveró.
Las reformas avaladas contienen 10 artículos que norman el tiempo de servicio para los funcionarios del Órgano Judicial, que será de 30 años de trabajo o 60 años de edad para retiro obligatorio.
Se establece también un régimen de disponibilidad para las personas que hayan cesado de sus funciones, quienes podrán ser llamadas a servicio a decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por razones de necesidad o especialidad de la materia.
Asimismo, las modificaciones establecen equidad en cuanto a las categorías. La clase “A” estará conformada por magistrados de cámaras de segunda instancia y tendrá una sola categoría, integrada por magistrados de cámara con sede en San Salvador y demás cabeceras departamentales.
En la clase “B” se encuentra los jueces de primera instancia y cuenta también con una sola categoría que incluye a jueces del área metropolitana de San Salvador, cabeceras departamentales y demás distritos judiciales.
En la clase “C” se encuentran los jueces de paz, con dos categorías: en la primera se encuentran los jueces de paz del área metropolitana de San Salvador, cabeceras departamentales y distritos judiciales donde haya más de un juzgado de paz; y la segunda está constituida por jueces de paz de las demás ciudades y poblaciones del país.
A cada categoría corresponderá una escala de salarios, dentro de la cual se promoverá al funcionario. La CSJ deberá hacer los ajustes pertinentes para la nivelación salarial que demanda la nueva estructura establecida.
“Se está atendiendo un problema histórico dentro del Órgano Judicial. Estamos dando pasos importantes para que el funcionamiento de este órgano sea con base a la justicia y que las categorías se apliquen de manera equitativa, porque se ha violentado a través de la historia el principio de igualdad”, añadió el diputado Castro.
Asimismo, estas reformas regulan los traslados de magistrados y jueces, brindando una cobertura legal para que se respete la categoría ocupada por cada funcionario, independientemente de su ubicación geográfica. Estas deberán efectuarse por razones justificadas de conveniencia del servicio o por necesidad en determinada sede judicial.
De acuerdo con las reformas, los magistrados y jueces que tengan 60 años o más de edad al momento de entrar en vigencia las modificaciones, cesarán inmediatamente de sus funciones en la sede judicial en la que se encuentren.
La CSJ estará facultada para hacer los traslados y nombramientos requeridos para llenar las vacantes en las distintas sedes judiciales para no interrumpir el acceso a la justicia que debe garantizar a la población salvadoreña.
