Presidente: Decisión de la Procuraduría es aprovechada para hacer politiquería
Allí calificó como “inaudita” a la posición de determinados oficiales de las Fuerzas Armadas en servicio pasivo, que pretenden rechazar una disposición de la Procuraduría del Estado, que ordena la devolución al Ministerio del Ambiente de los valores pagados en exceso por 66 lotes de terreno comprados en 2010 al Issfa (Instituto de Seguridad Social de las Fuerrzas Armadas).
La Procuraduría ha determinado que se sobrepagó el terreno de los Samanes que se compró hace algunos años, con un avalúo comercial, cuando la Ley dice que entre entidades públicas se debe vender con avalúo municipal. “No hay vuelta que darle (…) como siempre, los mediocres de siempre aprovechan esto para hacer politiquería”, dijo el Presidente, quien rechazó la actitud de políticos y ex militares, como Fausto Cobo (exSociedad Patriótica y ahora adherente de CREO del banquero Guillermo Lasso), quien ha azuzado a soldados en servicio pasivo para insultar al ministro de Defensa, Fernando Cordero.
“A la brava, no discuten la legalidad del pronunciamiento de Procuraduría”, explicó el Mandatario, haciendo referencia a que según estos militares en servicio pasivo, se está poniendo en riesgo la capitalización de las pensiones de su seguro. El Jefe de Estado recordó que una de las enmiendas constitucionales aprobadas fue garantizar por parte del Gobierno, las pensiones jubilares para militares y policías. “Mientras yo sea Presidente aquí se cumple la Ley, he ordenado que se descuente de lo que tenemos que darle al Issfa el valor”, aclaró. Cuestionó además: “¿Qué hace el Issfa con tantos terrenos? Vean de dónde vienen”, agregó.
Esta tarde, en declaraciones a la prensa, el Secretario de Comunicación, Patricio Barriga, recordó que la decisión de la Procuraduría tiene un carácter vinculante. Además, acotó que el Issfa no observó lo que la Ley manda: comprar o vender una propiedad pública sobre la base del avalúo que establece cada Municipio, en este caso el de Guayaquil y que a 2010 los valoraba en 7.3 millones de dólares. Sin embargo, el Issfa hizo el avalúo de un organismo no competente: la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros, por tanto tal acuerdo no se enmarca en la Ley y puede ser glosada por la Contraloría General del Estado.
Por esos predios se pagaron más de 48 millones de dólares, lo que significa 41 millones de dólares de más y que deben ser devueltos al pueblo ecuatoriano. /SD El Ciudadano
