Construcción de alianzas para ganar la confianza pública: las reformas de gestión financiera de Chile

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Nota de los editores: La siguiente es una entrevista con Patricia Arriagada, ex contralora general de Chile y Patricio Barra Aeloiza, jefe de la división de análisis de contabilidad de la Oficina General de Contraloría, quienes han sido claves en el impulso a las recientes reformas de los sistemas públicos de gestión financiera en Chile.

A partir de 2010, Chile se embarcó en un proyecto destinado a mejorar la contabilidad del sector público mediante la adopción de la norma internacional de información financiera para el 2016. El país espera producir sus primeros estados financieros apegados a la norma internacional en el  2019. Uno de los objetivos principales de esta reforma, es garantizar que la información financiera generada por el sistema de contabilidad gubernamental es completa, fiable y útil para la toma de decisiones.
 

Otra es la de aumentar los niveles de transparencia fiscal y financiera y la rendición de cuentas en el sector público. Estas reformas fueron impulsadas por la oficina del Contralor General,  al que se le conoce como el órgano Superior de Auditoría y el cual es responsable de supervisar los ingresos y gastos en todas las partes del gobierno, en particular, asegurar la calidad y la credibilidad de la gestión financiera y económica la presentación de informes.

Háblenos sobre la situación actual de Chile en el contexto de contabilidad del sector público. ¿Cuáles han sido las señales o preocupaciones que impulsaron la Reforma de las Normas Internacionales de Información Financiera (NICSP-CGR) ?
Las señales han llegado tanto del contexto internacional como del entorno interno. Cuando se inició el proceso, el año 2010, se estaba consciente de que estas normas estaban siendo adoptadas por un importante grupo de países, con el objetivo fundamental de aumentar la transparencia y la confiabilidad de la información, y también impulsados por las crisis de deuda soberana en países de Europa. También existía una preocupación de los organismos internacionales (BID-Banco Mundial-OCDE) para que Chile avanzara a normas contables internacionales.
Adicionalmente, desde el punto de vista interno, el país se encontraba concluyendo el proceso de adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS, por sus siglas en inglés) en el sector privado, por lo que también parecía un paso natural continuar con la adopción de las NICSP en el Sector Público.
Para la Contraloría, otro factor que influyó, es que en Chile se debía avanzar a presentar Estados Financieros individuales, dado que solo existía información agregada del Sector Público y estas normas constituían un estándar reconocido a nivel internacional.
A su vez, atendida la necesidad de perfeccionar la base de devengado con la que el país contaba desde hace décadas, este proyecto aparecía como un paso natural para mejorar la información financiera disponible para los usuarios de la misma.

¿Por qué ahora?
En estos momentos ha cobrado especial importancia el tema de la transparencia del Sector Público. Recientemente, ha aumentado una sensación de desconfianza en la ciudadanía y se considera que la aplicación de las NICSP-CGR también ayudará a aumentar la confianza en la gestión financiera del Sector Público.

¿Cuál es el principal objetivo de la Reforma?
El principal objetivo es aumentar la transparencia financiera del Sector Público y el estar en debida sintonía con los estándares internacionales. En un mundo globalizado debemos tener un lenguaje común también en temas financieros.

¿Por qué la ciudadanía en general debería estar interesada en los resultados de esta Reforma? ¿Cómo explicaría la importancia de esta Reforma a su sobrino(a) de 12 años?
Porque esta reforma permitirá saber, de manera mucho más precisa y transparente, cuáles son los recursos que tiene el Estado, cuáles son sus deudas, en qué se gasta el dinero y de donde provienen los ingresos, gracias a que se publicarán los informes llamados “Estados Financieros”. La ciudadanía también estará informada de la responsabilidad intergeneracional en la gestión de los recursos públicos, contribuyendo a procesos político-electorales más informados. Estos reportes también permitirán evaluar si un año fue mejor que el anterior e identificar qué materias se podrían mejorar en el futuro.
Esto equivaldría a tener la información de todo lo que un hogar tiene y todo lo que debe, por ejemplo, el auto, los juguetes, la bicicleta, la casa, el valor de ellos, si todavía sirven, si debemos cambiarlos, cuánto dinero tenemos para gastar, en fin asegurando los derechos y las responsabilidades en el buen uso de los recursos de todos los miembros de esa familia.

¿Cuáles han sido los principales tipos de resistencia que la Contraloría General de la República (CGR) ha o está enfrentando en el proceso de preparación e implementación de la reforma?
Una primera resistencia por parte de las autoridades financieras de los servicios, se manifestó ante la exigencia de Contraloría de contar con una base de información necesaria para la aplicación de la reforma, especialmente, sobre los activos fijos.
Una fuerte resistencia inicial de esos mismos agentes derivó de la preocupación por los costos de la reforma asociados a recursos humanos y a sistemas informáticos.
En el transcurso de la reforma, los funcionarios públicos han presentado distintas actitudes frente a los estándares de competencia profesional que requiere la nueva norma, y un grupo importante ha manifestado su preocupación frente al aumento de la responsabilidad que tendrán en los registros contables. La tradición de la contabilidad pública en Chile ha sido instruir las distintas materias a un nivel de detalle muy específico, por ejemplo, la Contraloría General indicaba una tabla de vida útil de aplicación obligatoria para todos los activos fijos. Con las nuevas normas, muchas de estas materias, como la vida útil de los activos, deberán ser definidas por los propios Servicios Públicos, tomando en consideración sus circunstancias particulares. Lo mismo ocurre con la aplicación del concepto de “significancia”, muy usado en las nuevas normas. Para distintos hechos económicos deberán decidir qué es significativo y qué no lo es. Esta es una nueva responsabilidad para los funcionarios públicos, ya que no tendrán una normativa rígida.
Aunque no ha sido una resistencia, propiamente tal, Contraloría ha debido convencer y generar alianzas estratégicas con otras autoridades claves en el proceso (Dirección de Presupuestos, Ministerio de Hacienda, Superintendencias), a la luz de que esta reforma no requiere de un cambio legislativo en el caso de nuestro país.

¿Cómo esta resistencia al cambio fue manejada?
Se ha hecho un esfuerzo especial en dar a conocer los beneficios que para el país tenga un cambio como éste.
El apoyo de los organismos internacionales también ha sido fundamental para validar el proyecto al interior del país, en particular, el apoyo del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo ha sido una gran ayuda para respaldar el proyecto.
Adici
onalmente, el proceso de adopción se ha efectuado de manera colaborativa. Se invitó a los Servicios a ser actores protagonistas de la redacción de las NICSP-CGR a través de un grupo piloto, también se aumentó la vinculación con consultoras y universidades, quienes participaron en comités revisores de las NICSP-CGR en borrador.
También se destaca el apoyo de la Dirección de Presupuestos en la modificación del principal sistema informático que utilizan los Servicios Públicos chilenos para su gestión financiero-contable.
Otro aspecto de gran importancia ha sido el fuerte liderazgo de las autoridades superiores de Contraloría.

¿Podría compartir alguna anécdota al respecto?
Un jefe de Servicio manifestó que él no firmaría los Estados Financieros puesto que esto significaría que “el mismo tendría que revisar y hacerse responsable de que estuvieran bien hechos”. Esto era justamente lo que persiguen los Estados Financieros, y luego de varias explicaciones y llamadas telefónicas, ese jefe de Servicio logró entender que este era justamente el objetivo de la reforma expresada en el sano ejercicio de la responsabilidad jerárquica de la gestión financiera de la entidad.
Otra anécdota deriva del entusiasmo con que muchas autoridades financieras se han tomado el proceso, queriendo aplicar la normativa a situaciones fuera de lo común, por ejemplo a cada uno de los bienes de los jardines infantiles estatales, a los “Moai”  (estatuas originales de la Isla de Pascua), al buque escuela “Esmeralda” de la Armada, a los textos de los premios nobel de literatura Pablo Neruda y Gabriela Mistral, o a la espada de Arturo Prat, un héroe nacional. Más allá de la anécdota, este entusiasmo es valioso para el impulso de la reforma y la rigurosidad con la cual los Servicios Públicos chilenos se han tomado el cambio.

¿Cómo la red regional de Contadores Gubernamentales (FOCAL) ha apoyado el proceso de la Reforma?
A través de la realización de eventos que permiten compartir experiencias y puntos de vista. Adicionalmente, la realización de los encuentros FOCAL ha permitido traer a expertos de primer nivel internacional a la región, lo que también ha contribuido a fortalecer los procesos de los países participantes.

¿Qué tipo de apoyo la CGR ha brindado a sus colegas en otros países y cómo se espera que los esfuerzos de esta Reforma podría apoyar a otros países a nivel de ejemplo o lecciones aprendidas?
Autoridades contables de El Salvador, Honduras, Guatemala, Colombia han asistido a nuestro país para conocer la experiencia chilena en el proceso de adopción de las NICSP. También se ha compartido la experiencia de regularización del activo fijo con autoridades y expertos financieros de Panamá y República Dominicana.
 
¿Qué sigue, cuáles son los próximos pasos?
A partir del 1 de enero de 2016 se inicia la implementación, en la cual se aplicarán los requerimientos de la NICSP 33, la cual permite tres años de transición hasta tener Estados Financieros en completo cumplimiento de la normativa. En este periodo será fundamental la capacitación que realizará la Contraloría General y el apoyo a los Servicios Públicos en sus procesos de implementación. Otro gran desafío es definir como se desarrollaría un proceso de Auditoría de Estados Financieros.