Andrés Aráuz: “Los tratados de libre inversión no trajeron inversión extranjera”
La mayoría de los TBI que hay en la actualidad fueron firmados durante los gobiernos de Sixto Durán-Ballén y Jamil Mahuad. Muchos de estos tratados incluso tienen una protección, una vez que concluye el mismo, de 10 años adicionales.
“Los beneficios son nulos. Se alega que atrajeron inversión extranjera pero se demostró que no ayudaron. Los países que más invierten en Ecuador no tienen TBI con el país. Nuestro Gobierno renunció a las presiones de las multinacionales y por eso estamos llamando a su terminación”, añadió Aráuz.
El Pleno de la Asamblea, en su sesión del 3 de mayo, aprobó la denuncia contra 12 convenios para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, que fueron firmados con China, Chile, Venezuela, Países Bajos, Suiza, Canadá, Argentina, Estados Unidos, España, Perú, Bolivia e Italia. Todos tienen sentencia de la Corte Constitucional, que determinó que son inconstitucionales. “La idea es renegociar, pero en igualdad de condiciones”, explicó María Augusta Calle, presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales.
En 2008 el presidente Correa denunció un primer paquete de tratados suscritos con Rumania, Finlandia y países centroamericanos.
Uno de los principales problemas de la firma de este tipo de convenios son los llamados tribunales de arbitraje, los cuales solucionan los “conflictos” entre el Estado y las multinacionales. Pero estas instancias se pronuncian en la mayoría de los casos a favor de las empresas.
Ecuador ha mantenido dos casos que son representativos de esta problemática. Por ejemplo, el país pagó mil millones de dólares a la empresa OXY, a pesar que el mismo tribunal de arbitraje reconoció que OXY no cumplió con su contrato y violó los términos del mismo al ceder el 40% de sus derechos a la compañía Andes, sin avisar o buscar el consentimiento del país.
Otro caso emblemático es el de la petrolera Chevron. La multinacional fue demandada por los habitantes de las comunidades amazónicas por afectación al medio ambiente y a la salud de los moradores donde Chevron operó. Esta respondió con una demanda al Estado por una cifra millonaria, amparándose en los TBI.
“Si ustedes imaginan los más de mil millones pagados a OXY, invertidos en la economía nacional, el efecto multiplicador de seguro nos habría dado tasas de crecimiento positivas para el país. El país no podría pagar las demandas derivadas del TBI y tendremos que ver la mejor estrategia para que no se afecte ni el Estado ni los ecuatorianos”, explicó Aráuz. CNF/El Ciudadano
