Pleno se allanó al veto del Ejecutivo del Código de Entidades de Seguridad
El Código está compuesto por cuatro libros. El primero contiene lo concerniente a la Policía Nacional; el segundo al Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses; el tercero al Servicio de Protección Pública; y, el cuarto a las Entidades Complementarias de Seguridad. Los tres primeros libros se los discutió en la Asamblea desde el 2011 y el cuarto desde el 2014.
De acuerdo a la asambleísta Doris Solis, presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, este documento legal es un trabajo realizado desde hace varios años atrás; que permite generar el marco institucional adecuado para que la seguridad sea considerada de una manera integral, eliminando la dispersión normativa y actualizando las regulaciones de todas las entidades de la Función Ejecutiva y de los gobiernos autónomos descentralizados.
Sobre el artículo 102, el pleno aprobó que el traslado de los miembros de la Policía puede efectuarse por dos años y extenderse por el mismo período, pero el Ejecutivo propone que ese tiempo pueda reducirse, según las necesidades del servidor o de la institución.
Otra de las objeciones se refiere a la disposición transitoria décimo cuarta, que manda que se cree una Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policial. No obstante, el veto señala que sean las universidades públicas las que ofrezcan la gama de lo que se requiere para la formación en seguridad ciudadana. Una de las recomendaciones es potenciar el Instituto Tecnológico Superior de la Policía.
Pero el debate se centró en el Libro 3 del Código, que plantea la creación de un servicio de protección civil para máximas autoridades del Estado, como residente y vicepresidente de la República.
La asambleísta por Alianza PAIS, Marcela Aguiñaga rechazó que la oposición descontextualice las palabras del presidente Lenín Moreno, pues “lo que buscan es confundir al pueblo”. Comentó que si el mandatario estuviese incómodo respecto al Código, debería enviar una reforma dentro del marco de sus atribuciones.
Por su parte la legisladora Marcela Holguín, enfatizó en que los esfuerzo que se hagan en materia de seguridad deberían ser apoyados por todas las bancadas legislativas.
Otra de las observación que, según la Doris Solis, perfecciona el texto del proyecto, es la relacionada con el cálculo de las pensiones de retiro de la Policía Nacional para que se homologuen con las de las Fuerzas Armadas. Afirmó que el veto plantea un plazo de diez años para cumplir esta propuesta, ya que se necesitan estudios actuariales y las provisiones previsionales.
Una vez resuelta la objeción del Ejecutivo, el proyecto será remitido al Registro Oficial para su publicación. KML/El Ciudadano
