Más de 100.000 acuerdos demuestran la efectividad de la mediación impulsada por la CJ
Esto significa un 11% de descongestión del sistema judicial y un ahorro de más de 27 millones de dólares en recursos del Estado. La alternativa de la mediación está vigente desde 2013, cuando la CJ comenzó a impulsar el Sistema Nacional de Mediación, con la implementación de 136 oficinas a nivel nacional, en 112 cantones de las 24 provincias.
En total, la Función Judicial cuenta con 140 mediadores repartidos por todo el país y quienes cumplen las funciones de facilitadores y que, bajo criterios de imparcialidad, ayudan a los ciudadanos a resolver problemas que tienen relación con pensiones alimenticias, cobro de deudas, demarcación de linderos, incumplimiento de contratos, asuntos de inquilinato, conflictos laborales, entre otros.
Solo entre enero y agosto de 2017, se atendieron 37.971 casos en mediación. De estos, el 58% (22.143) se instalaron en audiencia y de ellos, en 19.955 (90 %) se alcanzaron acuerdos satisfactorios para las partes. Los procesos con mayor demanda corresponden a las materias de Familia y Civil.
Cabe recordar que cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, puede solicitar una mediación. Para ello debe llenar un formulario que será entregado por el personal de las oficinas de mediación del CJ. La solicitud tiene que ir acompañada de una copia de la cédula de identidad y de la documentación habilitante, dependiendo del caso.
Si la persona interesada tiene un juicio que está relacionado con materia transigible (todo asunto sobre el cual se pueden ceder los derechos, sin que estos afecten a terceros o al interés público), puede realizar una solicitud directa de mediación, señalando la existencia del proceso y los datos respectivos.
Otra forma de iniciar este proceso es a través de la derivación. Los jueces pueden enviar causas al Centro de Mediación de la Función Judicial. Las partes procesales son notificadas de esta decisión, si la aceptan continúan con el proceso y en el caso de rechazarla, siguen en el juicio regular.
Lo que se debe tomar en cuenta es que no se aplica en casos de violencia intrafamiliar; estado civil (divorcio, casamiento); procesos que se refieran a bienes de dominio público (parques, bienes con prohibición de enajenar), asuntos tributarios, derechos irrenunciables, infracciones penales y temas constitucionales. VM /El Ciudadano
